El resultado de la parálisis reflexiva
Gracias al Memo de Mendoza por confiar siempre https://www.memo.com.ar/opinion/analisis-bohorquez-universidades-carreras-umberto-eco/
Isabel Bohorquez
Contemplo con tristeza cómo un proceso que debería ser de debate fecundo acerca del sistema universitario argentino, persiste en un tire y afloja entre los diferentes sectores que buscan por sobre todas las cosas un resultado político.
Parece suficiente con afirmar frases correctas tales como “defendemos la universidad pública”.
Y en esto, los rectores y los organismos que forman parte del sistema son todos cómplices de esta trampa.
Sabemos que el elenco de carreras universitarias es excesivo, que en muchos casos tienen falencias que deben ser reformuladas por sus superposiciones, inconsistencias respecto al campo disciplinar, etc. etc. y que la tarea de fondo consiste en tomar decisiones: cambiar diseños curriculares, discontinuar carreras mal planteadas, concentrar la oferta académica con otro criterio de distribución regional, etc., etc. hay un arduo trabajo real por delante.
Ya hemos descrito y analizado -en más de una oportunidad- este problema sistémico que debe ser abordado sin demora.
Reitero aquí un pasaje de textos anteriores[1]:
“Según el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional en el 2012) “Numerosos estudios señalan que la oferta de títulos en el país crece en forma acelerada en términos cuantitativos y cualitativos en un marco de diversificación creciente en el que algunos autores destacan dos tendencias importantes: la ‘sobre’ especialización en el grado, especialmente en determinadas áreas disciplinarias, la superposición de oferta y la reiteración de títulos (Krotsch 2007; Fanelli y Balán 1994; Dirié, C. 2002; Marquina 2004; Auberdiac y Etcheverry 1995) en áreas o regiones geográficas”.
El mismo texto expresa: “Asimismo, esta DNGU ha señalado recurrentemente que, en las presentaciones que realizan las instituciones universitarias para obtener el reconocimiento oficial de un título, se vislumbran una gran diversidad de denominaciones para propuestas de formación similares. Sólo para que se entienda a qué nos referimos, valen como ejemplo los títulos que mostramos a continuación, cada uno de ellos de una institución diferente: Licenciado en Agronegocios / Licenciado en Administración y Gestión de Agronegocios / Licenciado en Comercialización Agropecuaria / Licenciado en Administración Agropecuaria y Agronegocios con orientación alternativa en Gestión de Agroalimentos”.
Este problema diagnosticado por el mismo CIN -que hoy también reclama mayor financiamiento- no se resolvió. O sea, hace 14 años se estableció que tenemos este problema y todavía no hemos podido resolverlo.
En la práctica, la inflación de títulos y la sobre especialización siguen existiendo.
¿Por qué no podemos resolver los problemas que el mismo sistema detecta con sus herramientas internas?
¿No mejoraría acaso el financiamiento si tuviéramos una reformulación de carreras y una redistribución de recursos?
¿Acaso los rectores de las universidades ignoran completamente esta situación? ¿tantos años después de haberse puesto en evidencia?
Yo siento un cansancio enorme al repetirme a mí misma, insistiendo con datos que pertenecen al sistema y que por lo tanto deberían estar al alcance de cualquier rector o decano universitario.
Sabemos que la actualización de mucha de la oferta académica debe mirar el campo laboral, de incumbencia y no solamente al propio ámbito universitario. Abrir las puertas y mirar la realidad. Este no es exclusivamente un tema tecnológico sino también de revisión de los perfiles profesionales y sus capacidades inherentes.
Sabemos que el sistema universitario no tiene (o no debe tener) por exclusivo propósito dar respuesta a una vocación individual, un interés personal, “estudiar lo que me gusta”, sino que justamente debe tener un horizonte social, colectivo, de imagen del conjunto: ¿hacia dónde vamos como sociedad? y con un sentido ético, ¿qué mundo somos capaces de construir juntos? Aunar lo productivo, el desarrollo regional y nacional, formular un proyecto de crecimiento conjunto en el que las universidades tienen un papel importantísimo (pero no exclusivo ni excluyente) a la vez que pensar nuestro presente y nuestro futuro cuidando el ambiente y cuidándonos como sociedad humana en un mundo natural que merece nuestro aprecio.
No se trata de formar profesionales que luego harán “la suya”, sino de integrar en un mismo tejido social “lo nuestro” donde cada uno pueda como individuo encontrar su camino.
Hemos olvidado el sentido de lo común, del bien común, de lo colectivo como propio, como identidad que refiere a patria, nación, pueblo, comunidad.
Las universidades deben reflejar un proyecto de formación superior que mire al mundo desde un marco nacional.
Por el contrario, en las últimas décadas, las universidades proliferaron, el número de carreras creció de manera exorbitante y desordenada; se agudizó el papel del dogmatismo político en desmedro de la calidad educativa y seguimos teniendo tasas de egresos bajísimas, así como un alto índice de mal desempeño académico.
A las universidades estatales las sostenemos entre todos, pero parece que ellas insisten en mirarse a sí mismas. No hay proyecto de país conjunto, no hay autocrítica fecunda, no hay más que una tenaz insistencia política de un entramado institucional que funciona hoy más como un instrumento de lucha que una usina de ideas y propuestas.
Toda discusión posible queda opacada por el reclamo de cumplimiento de la ley de financiamiento universitario[2] que en realidad poco define la vida institucional, excepto por ser básicamente una cláusula salarial atada al índice inflacionario.
El texto de la ley se concentra más en ser un mecanismo de indexación presupuestaria y salarial de emergencia que en rediseñar la gobernanza o los programas pedagógicos. Y como el paquete presupuestario en sueldos se lleva el 85/90% del total, el resto queda para funcionamiento que termina siendo la válvula de ajuste interno, ya que las universidades deben redistribuir fondos que antes tenían destinados a proyectos diversos para pagar las facturas de luz y gas.
Todo presupuesto universitario tiene una base jurídica más amplia, pero de eso no se habla.
Y me extraña sobremanera que no se discuta abiertamente el resto del entramado legal que sostiene un presupuesto público como es el universitario[3].
Tampoco nadie se acuerda del valioso artículo 58 de la Ley de Educación Superior N° 24521[4] derogado en el año 2015 (la ley es del año 1995 y está vigente aún) que dio lugar a la llamada Ley Puiggrós[5] por ser la impulsora de su derogación, dejando a las universidades sin un instrumento sumamente objetivo y transparente para el armado de los presupuestos universitarios, y volviendo -como era antes de 1995- al armado en las mesas chicas de poder político en el reparto de fondos donde siempre ganan los rectores amigos.
Con la ley Puiggrós retrocedimos y entiendo que nos debemos una discusión en serio al respecto.
Sin embargo…
Se insiste en un mecanismo estéril, el paro, la marcha, la clase pública (aún más las falsas amenazas de bombas), el reclamo presupuestario vuelto consigna y por el otro lado, de un modo igualmente infecundo, se persiste en un silencio abrumador.
No entiendo ni uno ni lo otro.
No admito que el recurso de la presión política sea tan malicioso como para deteriorar la educación, invadir los espacios públicos y abandonar la tarea, envueltos en un fervor mezquino.
Tampoco admito el silencio, porque hay una responsabilidad ineludible en la gestión de las decisiones ejecutivas y ésta es el concierto social, explicar, argumentar, defender posturas que vayan más allá del flujo de caja y el equilibrio fiscal (por otra parte, necesario) que permitan una discusión real.
Las universidades estatales argentinas tienen muchos errores que subsanar y en gran parte, la mejora financiera debería venir de ese proceso de ordenamiento.
¡Pero hay que ponerse a trabajar para esa mejora!
Tironear de un esquema con tantos aspectos fallidos para que un país siga financiándolo todo ciegamente y sin cuestionar, no es justo ni es posible.
Asfixiar a un sistema estatal porque tiene fallas, tampoco.
Por último, no admito que se degrade el debate social y político a un par de cruces, de frases, de tuits, de berreos y de insultos recíprocos.
Me resulta todo demasiado pobre conceptualmente.
La sociedad necesita gente pensando en serio, buscando soluciones.
¿Acaso es posible que los funcionarios actuales responsables puedan dar este debate público?
¿Es posible convocar gente que entienda sobre sistema universitario argentino, sobre diseños curriculares, sobre planes de estudio, sobre campos de incumbencia, sobre el armado de una carrera, sobre núcleos productivos y de investigación indispensables, sobre la posibilidad de proyectos regionales intersectoriales (no solamente académicos) sin las prosas aprendidas y repetitivas, sino una erudición real, con experiencia, con afán de mejorar las universidades, de pensar a favor de todo un país, sin prejuicios partidarios y sin intereses sórdidos?
¿Acaso es posible que en nuestro país se pueda pensar y se pueda hablar?
Umberto Eco dice al respecto:
“(…) sobre la crisis de las ideologías y de los partidos: alguien ahora ha dicho que estos últimos son taxis a los que se suben un cabecilla o un capo mafioso que controlan votos, seleccionados con descaro según las oportunidades que ofrecen, y esto hace que la actitud hacia los tránsfugas sea incluso de comprensión y no ya de escándalo. No solo los individuos, sino la sociedad misma, viven en un proceso continuo de precarización.
¿Hay algo que pueda sustituir esta licuación? Todavía no lo sabemos, y este interregno durará bastante tiempo. Bauman observa que (desaparecida la fe en una salvación que provenga de las alturas, del Estado o de la revolución) es típico del interregno el movimiento de indignación.
Estos movimientos saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren. Y quisiera recordar que uno de los problemas que se les plantean a los responsables del orden público a propósito de los ‘bloques negros’[6] es que no es posible etiquetarlos, como se hizo con los anarquistas, con los fascistas o con las brigadas rojas. Actúan, pero nadie sabe cuándo ni en qué dirección, ni siquiera ellos.
¿Hay algún modo de sobrevivir a la liquidez? Lo hay, y consiste justamente en ser conscientes de que vivimos en una sociedad líquida que para ser entendida y tal vez, superada, exige nuevos instrumentos.”[7]
Esa es mi gran inquietud ante semejante ejército de necios.
[1] https://www.memo.com.ar/opinion/isabel-bohorquez-sabana-corta-universidades-argentinas/
[2] https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/415000-419999/419006/norma.htm
[3] https://www.memo.com.ar/opinion/bohorquez-analisis-presupuesto-universitario/
[4] https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm
[5] https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-254825
[6] Los bloques negros (según el autor) son una manifestación extrema de la sociedad líquida, caracterizados por una absoluta falta de etiquetas tradicionales y una alarmante imprevisibilidad, no representan ningún ideológica específica. En el pasado, tendieron a componerse en su mayoría de anarquistas, pero la mayoría tiene participantes cuyas políticas van del maoísmo a la socialdemocracia. No están unidos por la ideología, o la falta de ideología, sino simplemente por un sentimiento común de que crear un bloque de personas con políticas explícitamente revolucionarias y listo para enfrentarse a las fuerzas del orden.
[7] Umberto Eco, De la estupidez a la locura. Crónicas para el futuro que nos espera. Ed. Lumen, Barcelona, 2016, p.11-13.
Deja un comentario