LA LEY DE LA LIBERTAD EDUCATIVA

¿Qué se avecina en el horizonte?

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Isabel Bohorquez

El debate legislativo sobre educación es parte de la agenda nacional y tiene como sello representativo el concepto libertad.

Pero antes de entrar de lleno en el análisis de la propuesta libertaria, quiero repasar la línea histórica del marco jurídico argentino para quienes no tengan información al respecto y pretendo referirme a algunos aspectos que clarifican la posibilidad de discutir el entramado de la misma.

Un poco de historia:

Argentina tuvo una base legislativa de alcance nacional muy sólida ya en el siglo XIX. Sarmiento (bajo la presidencia de Roca) fue el protagonista de la ley fundacional de nuestro sistema educativo (1884) la Ley 1420 para la educación primaria, gratuita, obligatoria y laica que tuvo una vigencia de 109 años. Además de las leyes de Mitre (1878) para la educación secundaria, Avellaneda (1885) que fue la primera ley universitaria y apenas nacido el sigo XX (1905) la ley Laínez que permitió la creación de escuelas primarias en las provincias.

Recorrer ese período de la historia de la Argentina naciente nos ubica en un proyecto educativo que procuró la integración, la consolidación de la ciudadanía a través de la existencia de escuelas públicas al alcance de la población, asegurando el acceso a la educación y brindando la oportunidad de adquirir un conjunto mínimo de conocimientos, tal como fue definido por la ley. Fue un proyecto basado en la igualdad de género, de nacionalidades y de condición socio-económica. El objetivo de alfabetización se consagró al punto de convertirse en un logro que destacó a Argentina en el conjunto de los países de la región. La educación dejó de ser una oportunidad para las élites y se constituyó en la base de conformación de la identidad de una nación.

Cien años después:

Haciendo un salto en el tiempo, llegamos a finales del siglo XX durante el gobierno de Menem, se sancionan tres leyes de alcance nacional que darían un giro copernicano: la ley de transferencia de servicios educativos de la órbita nacional a las provincias (1991), la ley federal de educación (1993) que derogó la 1420 y la ley Láinez que completó el traspaso de las escuelas a las provincias así como alargó el período de obligatoriedad escolar a 9 años y la ley de educación superior (1995) aún vigente.

Sin ahondar en una comparación (que sería para otro texto) entre proyectos educativos un siglo después de la 1420, lo que quiero destacar es que el gobierno nacional a partir de allí, marcó el rumbo de la política educativa, pero fueron las provincias las que definieron el destino de la educación en cada jurisdicción. El acento en el Polimodal (ahora secundaria) tuvo que ver con la perspectiva de introducir la formación para la vida del trabajo tanto en lo referido a los sectores productivos como a los servicios desde la escolaridad obligatoria. Ya existía entonces el acuerdo federal (desde 1988) que obligaba al gobierno nacional a destinar fondos coparticipables de la recaudación impositiva nacional, pero fue la ley federal de educación la que consolidó el llamado pacto fiscal para la creación de un fondo nacional de la educación.

Una década después:

Durante la presidencia de Kirchner se deroga la ley federal (tuvo una vigencia de 13 años) y se sancionan cuatro leyes de alcance nacional: Ley de educación técnica profesional (2003) y ley de financiamiento educativo (2005), ley nacional de educación (2006) que consagra el derecho social a la educación y la ley de educación sexual integral (2006). El mayor cambio fue el paradigmático: la mirada sobre la enseñanza, los sistemas de evaluación y promoción, la perspectiva desde lo que se constituyó como un cuerpo dogmático de los derechos humanos, la inclusión educativa y la diversidad, así como la perspectiva de género. A ese marco jurídico se le suma la ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas (2013) bajo la presidencia de Cristina Fernández que establece otro cambio paradigmático respecto a la disciplina y las estrategias de sanción escolar que se reemplazaron por los acuerdos de convivencia.

Expresados en un cuadro, los tres bloques históricos respecto a las principales leyes de alcance nacional (sin considerar las leyes provinciales) son los siguientes:

El esquema marca tres proyectos políticos que en el transcurso del presente siglo fueron ubicados en veredas irreconciliables para nuestro perjuicio como sociedad, porque el deterioro de la educación argentina es fundamentalmente el resultado de un fracaso ideológico.

Se despreció el proyecto sarmientino y se demonizó el proyecto menemista.

Se alzó la bandera del progresismo y de los derechos sociales como supremos, para veinte años después lamentarnos por los indicadores de evaluación de la calidad educativa y el estado de situación del sistema educativo nacional.

Hoy necesitamos un cambio profundo, constructivo, que admita el debate en conjunto con las comunidades educativas sobre la base de un diagnóstico sincero y honesto.

Sabemos que los indicadores de aprendizaje son mucho más bajos de lo expectable y que nos urge abordar nuevas (o recuperar viejas) estrategias de enseñanza que subsanen tanta deficiencia pedagógica.

Sabemos que la sustitución de la disciplina por los acuerdos de convivencia y la denostación de la autoridad escolar ha deteriorado no solo el tejido institucional sino la capacidad misma de la escuela para llevar adelante sus propósitos.

Sabemos que debemos revisar el viejo estatuto docente nacional aún vigente (del año 1958 durante la presidencia de Frondizi, aunque también hay estatutos provinciales a partir de la transferencia de escuelas) y plantearnos cuál es nuestro compromiso con la formación docente y con la carrera docente que nos permita respondernos hasta dónde estamos dispuestos como sociedad a respaldar (así como exigir) a nuestros educadores.

Sabemos que el sistema educativo federal y concertado (el gobierno nacional es la brújula política y las provincias son las dueñas de las escuelas) tiene límites que debemos resolver en un debate que preste más atención a las decisiones jurisdiccionales. Para ello, la evaluación de calidad educativa que refleje lo que sucede en cada provincia es el espejo indispensable.

Sabemos que las diferentes modalidades, en particular la educación especial, deben ser discutidas a la luz de los resultados de estos últimos años en donde tantas historias personales, de estudiantes, de biografías concretas, han quedado solapadas entre las páginas del discurso de inclusión forzada e infructuosa.

Sabemos que el concepto de derecho social ha sido politizado a tal punto que se ha devaluado su valor ético en el marco de un sistema educativo que proclama la igualdad, la accesibilidad, la integración y la justicia cognitiva, pero drena cada vez más estudiantes mal formados, con escasos recursos para avanzar dentro del mismo sistema y fomenta silenciosamente una pirámide educativa que solo beneficia a los más fuertes y que van a las mejores escuelas.

Sabemos que la ideologización atraviesa el currículo oficial al punto del adoctrinamiento en muchísimos casos y ese sesgo debe encontrar un cauce genuinamente democrático en consenso con las familias que son las primeras responsables de la educación de los niños y jóvenes. Las escuelas no pueden ser pistas de aterrizaje de ideologías tendenciosas ni el Estado puede arrebatarle a las familias la potestad de crianza sobre sus hijos.

Finalmente, sabemos que la ley de financiamiento educativo (N° 26.075) de 2005 nunca se concretó en su aspiración de inversión del 6% del PBI nacional. Resultando el «talón de Aquiles» del sistema educativo argentino: la brecha entre lo que las leyes dicen sobre el dinero y lo que realmente sucede en las aulas y las cuentas públicas. Ya que es un problema de federalismo fiscal y transparencia.

Hoy en el debate político se refleja un mito sobre la ley de financiamiento educativo que estableció que la inversión en educación (Nación + Provincias) debía alcanzar el 6% del PBI para 2010.

Nación envía fondos, pero no gestiona las escuelas. Las Provincias gestionan las escuelas, pero a menudo denuncian que los fondos nacionales son insuficientes o llegan tarde. Las provincias, a su vez, tienen opacidad respecto al destino específico de los fondos coparticipables en educación. Y en ese laberinto de la coparticipación federal radica la falta de precisión del destino de los fondos (o su insuficiencia).

¿Cómo podemos tener ecuanimidad frente a un reclamo social de cambio y mejora en la educación argentina sin caer en defensas cerradas y dogmáticas?

¿Qué proyecto se avizora como respuesta?

¿Qué debemos considerar en el planteo de cambio que hace el actual gobierno?

A riesgo de cometer injustas simplificaciones, me atrevo a afirmar que la historia argentina nos muestra que el camino de Sarmiento fue el de la unificación del país bajo una misma identidad nacional y que entendió que esa integración debía basarse en valores patrióticos y en el conocimiento. Cien años después Menem encarnó el proyecto de la federalización del sistema delegando en las provincias la mayor responsabilidad sobre las escuelas y apostó a la especialización en el nivel secundario con una mirada en los sectores productivos y los servicios extendiendo la escolaridad obligatoria y abriendo una puerta al mundo del trabajo. Una década más tarde, surge en Argentina la alianza política que haría de los derechos sociales su bandera, malogrando sus propios objetivos de igualdad, accesibilidad e inclusión, aunque penetrando culturalmente de una manera muy profunda en la vida escolar.

¿Qué proyecto político -y de ley- estamos dispuestos a escribir en este momento de la historia argentina que pueda dar respuesta a nuestros problemas y desafíos sobre la educación?