Vaivenes de una crónica embustera[1]
Gracias a El Memo de Mendoza por la confianza siempre https://www.memo.com.ar/opinion/conicet-y-educacion/
Isabel Bohorquez
Los días posteriores a las elecciones primarias en Argentina -y sus sorprendentes resultados- han puesto de relieve varios temas desafiantes frente a los cuales es primordial darle espacio a un debate objetivo y sincero. O lo más justo posible de lo que seamos capaces como sociedad.
Escucho en todos lados hablar sobre la educación pública, sobre el potencial cierre de ministerios o de organismos como el Conicet y otras dimensiones más referidas al sistema educativo argentino.
Advierto que la polarización entre posturas que defienden o que menosprecian ciegamente las instituciones en cuestión, nos pone en un lugar alejado de la reflexión ineludible en todo proyecto colectivo de superación y de progreso social.
El debate es reemplazado por una defensa o por un ataque, ambos negadores de aquello que nos puede poner en el camino de las mejoras necesarias y posibles.
Empecemos por la definición de educación pública. Se habla mucho y se confunde más. Argentina tiene un marco jurídico vigente: la Ley de Educación Nacional N˚ 26206 sancionada en el año 2006 y que reemplazó a la primera ley abarcativa de todo el sistema educativo argentino, la Ley Federal de Educación N˚ 24195 (del año 1993) que recuperó a su vez, las propuestas del Congreso Pedagógico Nacional de 1984 y después de casi cien años de tener como marco jurídico a la Ley 1420 de la época de Sarmiento -quien se desempeñaba en ese momento como Director General del Consejo Nacional de Educación- (1884) y bajo al presidencia de Julio Argentino Roca, que estableció la educación común, gratuita, laica y obligatoria como piedra fundacional del sistema educativo argentino.
Cito aquí los tres primeros artículos de la ley actualmente vigente:
“ARTÍCULO 1°.- La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, conforme con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan. ARTÍCULO 2°.- La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado. ARTÍCULO 3°.- La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.”[2]
Esto es lo público. La consagración de un bien que una sociedad considera indispensable para sí misma y que asume como una responsabilidad en común con todos sus miembros. Por ello, la obligatoriedad. Por ello, la gratuitad y/o las garantías del Estado para que pueda ofrecerse en todo el territorio nacional. Por ello, los acuerdos en cuanto a los niveles educativos considerados obligatorios (esta ley alcanza hasta el nivel secundario); por ello, los contenidos curriculares considerados indispensables, básicos y comunes a todas las instituciones educativas. Por ello, los regímenes de promoción y acreditación equivalentes en todo el territorio nacional…Esto es la educación pública. Se imparta en escuelas de gestión estatal o privada. La educación pública como bien común de la sociedad es una sola.
Cuando leo o escucho consignas sobre la educación pública me pregunto: ¿habrán leído siquiera el marco jurídico que nos rige? ¿Sabrán de qué están hablando o vociferando?
Y con estas preguntas me refiero tanto a los supuestos progresistas como a los conservadores por llamarlos de alguna manera…
La educación pública en Argentina no está en peligro ni es una cuestión a dirimir por sí o por no…En todo caso, deberemos llevar al Congreso de la Nación una propuesta de ley que reformule los principios de la vigente, para luego derogarla y sancionar una nueva. ¿Es posible? Claro que sí. En un proceso democrático.
Otra cuestión muy diferente es el estado de las escuelas públicas, su infraestructura, sus condiciones tecnológicas y ambientales, sus recursos para el ejercicio cotidiano, la calidad de su enseñanza, las herramientas para afrontar el fenómeno cada vez más acuciante de la deserción y el fracaso escolar, el trágico declive de nuestro quehacer educativo y sus resultados…
Sobre esto hay que debatir y encontrar soluciones que no sean demagógicas ni altisonantes.
Todos ya estamos cansados de que los políticos del sector o agrupación que sean, se la pasen diciendo que la educación es una prioridad (para eso ya está la ley nacional que lo afirma y en la historia argentina desde 1884) y luego no tengan una sola propuesta atinada para afrontar los problemas de las instituciones y de la gente.
Otra cuestión es el financiamiento educativo.
Para el cual también existe una ley: Ley de Financiamiento Educativo N˚ 26075 sancionada en el año 2005 y sobre la que me apresuro a decir que nunca hemos cumplido. Dicha ley establece el incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología por parte del Gobierno nacional, los Gobiernos provinciales y el de la C.A.B.A hasta alcanzar una participación del 6% en el Producto Bruto Interno. También la ley establece que el gobierno nacional asegure un mínimo del salario docente y garantice con fondos nacionales el pago de los salarios en todas las provincias. A partir de la sanción e instrumentación de la Ley de Financiamiento Educativo, el Estado Nacional debe aportar el 40% de la inversión mínima en educación.[3]
Nunca ha sucedido desde su sanción. O sea, no hemos cumplido con aquello que nosostros mismos y a través de nuestro Congreso -representante de todo el tejido social del país- acordó cumplir.
No hay supervisión ni control efectivo de la gestión de los fondos, de los recursos y de los procesos educativos. Nos encontramos con las pruebas de evaluación de la calidad educativa como un cachetazo y los programas nacionales terminan quedando demasiado lejos…
Si hay algo que funciona muy mal en este país es el control de la gestión. En todos los niveles. Empezando por el legislativo que jamás atina a un ejercicio responsable y comprometido de su función. Tenemos un déficit crónico de incumplimiento o sub ejecución del presupuesto educativo año tras año y esto pasa a nivel nacional y a nivel provincial (por lo menos aquí en Córdoba es así) y no hay legisladores rasgándose las vestiduras o encadenándose a unas rejas del congreso para manifestar su disconformidad al respecto. Pero todos, siempre, repiten lo prioritaria que es la educación.
Cumplamos las leyes que sancionamos y nos irá mejor.
Sobre propuestas de subsidiar la demanda (al estudiante) y no solamente la oferta (la escuela) con un sistema de vouchers -como el modelo educativo chileno vigente desde 1982 y que ya tiene suficiente recorrido como para analizar sus pro y contras-, me explayaré en el próximo texto ya que eso implica discutir sobre probabilidades para nuestro país. La ley vigente es lo que debería ser una realidad. Y es un hecho objetivo que se invierte menos de lo que se aprueba en el presupuesto anual o se indica en la ley. Cabe recordar que en Argentina también subsidiamos la demanda de otro modo y tampoco nos ha ido bien.
Otra cuestión es la relación Nación/Provincia y el equilibrio en la distribución de los recursos.
Cuando escucho sobre el cierre de ministerios a nivel nacional yo pienso: al menos deberían reducir su estructura y cambiar la lógica de gestión. Lo que la gente en general desconoce quizá es que son las provincias quienes cargan en sus espaldas con la educación así como la salud, la seguridad, etc en la gran mayoria de sus servicios.
Quiero decir con esto: las escuelas son provinciales, en su inmensa mayoría. Fueron descentralizadas y delegadas a las provincias hace ya varias décadas (ley Federal de Educación 24195). El esfuerzo en lo económico, en lo humano, en lo edilicio, etc, etc, corresponde a las provincias y son esos ministerios, los que a mi criterio, tienen que estar lo suficientemente dotados de recursos para llevar a cabo su tarea.
Tener una estructura mayúscula a nivel nacional, con oficinas porteñas que miran desde lejos al interior…no nos ha solucionado absolutamente nada. Cualquier programa educativo debe ejecutarse en las provincias con personal docente de las provincias y en las escuelas de las provincias.
Cada provincia tiene su Ministerio de Educación.
Definitivamente, no necesitamos un gran ministerio nacional sino más bien, una efectiva dinámica de control de gestión lo que, primero por el Congreso y luego a través del Consejo Federal de Educación (en la cabeza de sus ministros o representantes de los mismos) puedan ir acordando políticas públicas comunes a todo el territorio nacional. Repito e insisto: cuestiones que ya están fijadas en la brújula de la ley y que tiene su expresión jurisdiccional en las leyes provinciales sancionadas a partir de la ley madre.
El Ministerio de Educación Nacional es un organismo sin escuelas, vacío de docentes y de estudiantes que regula políticas desde oficinas centrales sin ningún acierto notorio. Un ministerio inútil si evaluamos sus resultados.
¿Cerrarlo o no cerrarlo? Esa no es la discusión.
Creo que hay que convertirlo en un organismo asertivo, eficiente y austero, que sea menos proselitista y más responsable en el seguimiento del cumplimiento de las metas educativas y los programas acordados.
Decanto en el sistema universitario que tiene su regulación a nivel nacional por, entre otros aspectos, el ejercicio de un campo de incumbencias profesionales avaladas a través de la formación académica. O sea, la emisión de títulos universitarios de alcance nacional.
Solamente mencionaré que nuestro sistema universitario tiene una de las tasas de egreso más bajas de la región y del mundo. Nos está yendo muy mal y una defensa ciega y cerrada del sistema no nos ayuda. Tampoco atacarlo. A nivel nacional la Secretaría de Políticas Universitarias no ha logrado una composición equilibrada de la oferta académica, las universidades y las ofertas que se han ido creando han respondido más a una cuestión político-partidaria o ideológica que al desarrollo regional donde radican las universidades. Tenemos una sobre oferta, un nivel de deserción demasiado alto y una tasa de egreso demasiado baja. Los pobres no acceden a la universidad ya que ni siquiera terminan la escuela secundaria e ingresa a la universidad sólo el 12 % de la franja etaria entre 18 y 25 años[4].
Algo tiene que cambiar.
Universidad pública si, universidad pública no. La universidad pública está en peligro…son slogans y no permiten permear con reflexión sincera el debate sobre qué necesitamos para cambiar un sistema cada vez más injusto.
Además también tenemos una ley de Educación Superior N˚ 24521 -sancionada en 1995- que regula y asegura la educación pública superior universitaria y no universitaria para todo el territorio.
Conicet si, Conicet no. Otro slogan del que no debemos permitir que se apropie ningún sector.
El Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y técnicas) fue creado en el año 1958 durante la presidencia del general Aramburu. Es un organismo que ya tiene 65 años de existencia y seguramente en su recorrido hay mucho por evaluar sobre qué aportaciones ha plasmado en el desarrollo científico y tecnológico para nuestro país. Y qué no ha alcanzado o hacia dónde se ha bifurcado. Es claro que las ciencias sociales y las investigaciones de orden cultural han ganado terreno en las últimas décadas y es lícito pensar esto como un proceso que puede llevarnos a ampliar el horizonte de las investigaciones aplicadas pero también es lícito evaluar si las mismas, responden a una actividad de orden proselitista o a una manera de seguir aumentando la estructura nacional en vez de robustecer las Secretarias de Ciencia y Técnica de las universidades o los Centros de investigaciones regionales cuyos vínculos pueden ser más cercanos con los Ministerios de Ciencia y Tecnología provinciales.
Sino, repetimos el mismo esquema que con educación. Tenemos una súper estructura en Buenos Aires y los Ministerios provinciales deben rasguñar las piedras para obtener financiamiento. Por ello mismo, me parece prioritario que los organismos provinciales tengan una relación más estrecha con las universidades radicadas en su jurisdicción y acordar prioridades para el territorio provincial en vez de ser autorizados y aprobados desde una oficina remota.
Cada provincia tiene su Ministerio de Ciencia y Tecnología. O tiene organismos afines a un ministerio…por ahí creo que hay que fortalecer en vez de seguir mirando al puerto… y después nos decimos federales…
Finalizo con un par de ejemplos sobre investigaciones culturales financiadas por Conicet para despejar dudas respecto a lo que me estoy refiriendo: “Cartografías simbólicas del mundo juvenil cristiano”[5] del año 2014 y ¿Cristo guerrillero o Cristo Rey? La teología de la violencia en Cristianismo y Revolución ( 1969-1971)[6] del año 2013.
Sin menospreciar en absoluto ningún tipo de conocimiento, me pregunto: ¿por qué no discutimos regionalmente y sostenemos a nuestros organismos provinciales en un vinculo más sano, menos político en el sentido de más en consonancia con la realidad, la gente y el crecimiento de un país que lo tiene todo para lograrlo?
Necesitamos mejorar y cambiar. No conservar ni romper.
¿Cómo superaremos los slogans que nos impiden el pensamiento?
[1] Un reconocimiento especial a mi amiga y colega María del Carmen Aguirrezabal, educadora y pensadora inmensamente valiosa que me interpela siempre rescatándome así de mis propios pensamientos…
[2] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley-de-educ-nac-58ac89392ea4c.pdf
[3] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ley26075-58ad93e7a4641.pdf
[4] https://www.memo.com.ar/opinion/fracaso-universidades/
[5] https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/9941/CONICET_Digital_Nro.13894.pdf?sequence=1&isAllowed=y
[6] https://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/article/view/SHn31a02/html
isabelbohorquez.com 
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